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Contratos (públicos y caros) a la carta

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 Vitoria 6 ABR 2014 el pais.com

Cuando los negocios se convierten en pelotazos siempre hay un tercero que acaba pagando la factura. A los vecinos de Vitoria el
alquiler de las oficinas de San Antonio, las polémicas instalaciones propiedad del empresario de Miranda de Ebro, Gonzalo Antón, —que el Ayuntamiento del entonces alcalde Alfonso Alonso alquiló a mejor precio que el que recomendaban los servicios municipales, y por el doble de años que pedía la propiedad—, les va a costar 7,6 millones hasta 2027 cuando por ese precio podían haber comprado tres locales como ese.

Las conclusiones de la comisión de investigación que impulsaron los grupos de la oposición, dejan abierta la posibilidad de que en el pleno municipal en el que se eleven a definitivas, se acaben por remitir a la Fiscalía las irregularidades detectadas, aunque si finalmente no sucede, no será porque la negociación haya sido transparente.

Los resultados de esa comisión han dejado en evidencia que hay zonas oscuras en la materialización de ese contrato que firmó el ayuntamiento dirigido entonces por Alfonso Alonso con el director del restaurante Zaldiaran, —y ex presidente del Deportivo Alavés— en 2006 y 2007, y que esas zonas oscuras alumbran serias dudas sobre una presunta relación entre ambos para beneficiar, de momento, al segundo.

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Alonso y Maroto salen indemnes en el caso San Antonio

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Diario Noticias Alava (28/04/2014)

Alfonso Alonso y Javier Maroto no defendieron el interés público de la ciudad, pero sí favorecieron los intereses del empresario Gonzalo Antón en el contrato de alquiler de los locales de la calle San Antonio. Además, durante el transcurso de la comisión que investiga el asunto, ambos han faltado a la verdad en sus respuestas y han omitido información relevante para el caso”. Son conclusiones recogidas en el dictamen final que el Ayuntamiento aprobó ayer y en el que la oposición “responsabiliza” al exalcalde y al actual alcalde del “nefasto” arrendamiento que hipoteca durante veinte años a la ciudad. El texto salió con los votos a favor de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y la oposición del PP.

Sin embargo, las consecuencias del caso no van mucho más allá de un tirón de orejas para los responsables políticos, que salen, de momento,de rositas, a no ser que en el Pleno algún partido cambie su voto, puesto que la enmienda de la izquierda abertzale para llevar los papeles a la Fiscalía sigue en pie. Ayer, jeltzales y socialistas no la respaldaron porque argumentan que falta documentación en el expediente y que con las pruebas existentes, no hay “ilícito penal”.

Así que, por ahora, aunque la oposición ve responsabilidad política en la gestión del contrato hecha en 2007 por los populares, se contenta con pedir al alcalde que renegocie de nuevo con Antón para rebajar más el alquiler y ver si de alguna forma se puede eliminar la cláusula de blindaje. El PP ya ha respondido que, de momento, no tiene ninguna intención de sentarse de nuevo con el empresario, entre otras razones, porque mejorar las condiciones del alquiler es algo que no está en sus manos. Además, la oposición va a reprobar al alcalde de Vitoria, y pedir que, tanto Alonso como Maroto, dimitan de sus cargos actuales, algo que no van a hacer.

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