Se puede comenzar afirmando que la historia se repite. Hablar de financiación ilegal de los partidos políticos es hablar del presente (caso Gürtel), es hablar del pasado (Caso Filesa y muchos más), y probablemente, si no se remedia, será hablar del futuro. Según el último informe elaborado por el GRECO la situación provocada por la financiación ilegal de los partidos políticos en España resulta preocupante por ser uno de los ámbitos donde más actividad corrupta se revela.

Cíclicamente nos encontramos con casos de corrupción relacionados con la financiación de un partido político. Ante estos casos los ciudadanos se indignan y desde el poder político se contesta que se van a tomar medidas. Sin embargo, antes de proponer reformas hay que diagnosticar el problema y conocer sus causas, porque sólo conociendo las causas de la enfermedad podremos atajarla y, lo que es mejor, podremos prevenirla en un futuro.

La primera causa, en mi opinión, es el elevado nivel de gasto de los partidos. Resulta evidente la necesidad de reducir y limitar los gastos electorales. Así, se deben acortar las campañas, se debe reducir la cantidad y la grandiosidad de los mítines, se deben eliminar gastos innecesarios como el mailing y se tienen que fomentar espacios gratuitos en los medios. Hay que reducir también los gastos ordinarios, cuyo incremento viene generado por la excesiva profesionalización de los partidos.

La segunda causa es el bajo número de afiliados. Creo que es uno de los problemas más importantes que sufren los partidos en España. Somos el país de Europa con menor número de afiliados. Esto, aparte de demostrar la separación entre los ciudadanos y los partidos, implica un escaso nivel de esta fuente de financiación. Las aportaciones de los ciudadanos es la manera más sana de financiarse, puesto que supone un mayor acercamiento de los partidos a la sociedad. Convendría preguntarse si a los partidos les interesa aumentar el número de afiliados, teniendo en cuenta que un reclutamiento masivo hace más complejo y difícil el manejo del partido por la cúpula directiva.

La tercera causa se encuentra en la tan manida falta de transparencia. Hay enormes dificultades a la hora de fiscalizar las cuentas de los partidos. Es importante indicar que la transparencia no es sinónimo de acceso a la información. La transparencia requiere un paso más: que dicho acceso sea fácil, inteligible y constante. La transparencia debe ser completa, de manera que no sólo se pueda acceder a la cantidad ingresada o gastada, sino al origen de dichos ingresos y gastos. En España nos encontramos con serias carencias en este aspecto relacionadas con deficiencias en el sistema de auditorías internas, falta homologación en la presentación de información financiera de los partidos ante el Tribunal de Cuentas, escasa información en las páginas web de los partidos sobre sus balances, sus cuentas de resultados, etc. Dudo que la recién aprobada ley de transparencia sea suficiente para solucionar todos estos problemas.

La cuarta causa está relacionada con la excesiva discrecionalidad y la ausencia de controles en algunos ámbitos de la actividad administrativa. Concretamente en el ámbito de la contratación pública y en el ámbito urbanístico. Buena parte de la financiación ilegal que reciben los partidos proviene de empresas que buscan con las donaciones decisiones de la Administración que les favorezcan. Debe recordarse que el sistema de listas cerradas provoca que el partido sea el que decida en cada caso quién va en una lista y por tanto decide sobre la vida profesional de sus militantes, ejerciendo una presión muy importante sobre ellos. Además, en España es muy elevado el número de cargos de confianza, que son el puente entre los partidos y la Administración. Ello unido a al ausencia de controles en algunos ámbitos de la actividad administrativa provoca que el partido pueda presionar sobre el empleado público para que tome una decisión en un sentido concreto. Un sistema de listas abiertas, una disminución de los cargos de confianza y un mayo control en los ámbitos de contratación pública reduciría enormemente la posibilidad de actividades corruptas.

A mi modo de ver, si se buscan soluciones para remediar las cuatro causas anteriores, estaremos en el camino para atajar buena parte de la financiación ilegal de los partidos políticos. A partir de ahí podremos valorar si es mejor un tipo de financiación pública o privada o si es conveniente la inclusión en el Código Penal de un delito de financiación ilegal, pero, mientras no se actúe sobre las principales causas que generan la financiación corrupta, esto sólo será un brindis al sol.