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El Ayuntamiento de Gasteiz reprueba a Maroto por el alquiler de San Antonio

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El pleno del Ayuntamiento de Gasteiz ha reprobado al alcalde, Javier Maroto, por su gestión en el contrato de alquiler en la calle San Antonio de unos locales para albergar oficinas municipales que fue firmado en 2007, cuando era concejal de Hacienda.

NAIZ.INFO|GASTEIZ|2014/04/10

Los grupos de la oposición han aprobado una moción de reprobación por considerar que en la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento por este asunto se ha demostrado que Maroto «ha mentido reiteradamente en relación al contrato de alquiler» y que «no ha defendido el interés general» de Gasteiz.

PNV, PSE y Bildu han unido sus votos para sacar adelante la reprobación -a la que se ha opuesto el PP-, en la que se critica el «blindaje» del alquiler durante veinte años y en la que se afirma que el comportamiento de Maroto ha sido «opuesto a la debida transparencia».

El pleno también ha aprobado, a instancias del PNV, trasladar el dictamen deconclusiones de la comisión de investigación al Tribunal de Cuentas, que es el competente en esta materia.

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Contratos (públicos y caros) a la carta

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 Vitoria 6 ABR 2014 el pais.com

Cuando los negocios se convierten en pelotazos siempre hay un tercero que acaba pagando la factura. A los vecinos de Vitoria el
alquiler de las oficinas de San Antonio, las polémicas instalaciones propiedad del empresario de Miranda de Ebro, Gonzalo Antón, —que el Ayuntamiento del entonces alcalde Alfonso Alonso alquiló a mejor precio que el que recomendaban los servicios municipales, y por el doble de años que pedía la propiedad—, les va a costar 7,6 millones hasta 2027 cuando por ese precio podían haber comprado tres locales como ese.

Las conclusiones de la comisión de investigación que impulsaron los grupos de la oposición, dejan abierta la posibilidad de que en el pleno municipal en el que se eleven a definitivas, se acaben por remitir a la Fiscalía las irregularidades detectadas, aunque si finalmente no sucede, no será porque la negociación haya sido transparente.

Los resultados de esa comisión han dejado en evidencia que hay zonas oscuras en la materialización de ese contrato que firmó el ayuntamiento dirigido entonces por Alfonso Alonso con el director del restaurante Zaldiaran, —y ex presidente del Deportivo Alavés— en 2006 y 2007, y que esas zonas oscuras alumbran serias dudas sobre una presunta relación entre ambos para beneficiar, de momento, al segundo.

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Conclusiones sobre la comisión de investigación

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AdiEl Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con Alfonso Alonso a la cabeza y Maroto como responsable máximo de Hacienda, acordó alquilar el local de San Antonio propiedad de la empresa de Gonzalo Antón, sin concurrencia alguna y sin justificar las razones por las que se omitía el concurso. El precio se actualizaría con base en el IPC más una cifra variable que llegaría hasta los 9 puntos. Además el alquiler quedaría blindado para 20 años, es decir, el Ayuntamiento no podría resolver el contrato sin pagar el importe restante hasta su terminación.

Como consecuencia de dichas desorbitadas cláusulas, el precio total del alquiler del local, que la empresa de Gonzalo Antón lo habría comprado poco antes por 2,7 millones de euros, costaría a la ciudadanía 6 millones de euros, más 1,6 millones de euros por las obras.

Estos y otros despropósitos dieron lugar a una comisión de investigación, que esta semana ha dado por terminado su trabajo. No obstante:

 1.- La Comisión de investigación no ha determinado reconocimiento alguno de responsabilidad política, ni ha generado dimisión alguna. Las arcas públicas seguirán siendo gestionadas por los responsables políticos del contrato.

 2.- La Comisión no ha determinado la nulidad del contrato ni el restablecimiento de la situación patrimonial previa del Ayuntamiento. Consecuentemente, las consecuencias del contrato las pagaremos los ciudadanos y ciudadanas a escote.

 3.- No consta que la Comisión haya estudiado la actividad mercantil de la empresa adjudicataria, o la de su administrador único. Así no se ha investigado si ha habido otros beneficiarios de los despropósitos citados a través de una eventual devolución de favores.