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El Tribunal de Cuentas aplaza sin fecha la vista previa del #alquilerSanAntonio @NoticiasdeAlava

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La vista previa del día 20 de enero no se celebrará por el traslado de la sede de esta institución. El organismo citará “a la mayor brevedad” a Maroto y Alonso

Txus Díez Josu Chavarri – Viernes, 15 de Enero de 2016

La vista previa fijada el 20 de enero en el Tribunal de Cuentas para decidir si se celebra o no un juicio contable contra los exalcaldes de Gasteiz Alfonso Alonso y Javier Maroto ha sido aplazada y no hay de momento una nueva fecha para su celebración, aunque se tratará de volver a convocar a las partes “a la mayor brevedad”. Este órgano investiga a los dos políticos por pagar al empresario Gonzalo Antón un alquiler superior al estipulado por los técnicos por el alquiler de las oficinas de la calle San Antonio.

Según confirmó ayer este diario con el órgano fiscalizador de las cuentas públicas en el Estado, la sede del Tribunal se va a trasladar de su emplazamiento actual, lo que ha motivado la suspensión de esta vista, en la que además estaban citados los demás miembros del equipo de gobierno de 2007 -Idoia Garmendia, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos-, cuando Alonso era alcalde y Maroto su concejal de Hacienda. Todos ellos han debido abonar 55.000 euros cada uno que recibirá el Ayuntamiento si hay juicio y se determina que hubo responsabilidad.

También han debido abonar fianzas, aunque menos cuantiosas, la edil socialista Marian Gutiérrez, responsable de Hacienda en la siguiente legislatura y que intentó sin éxito rebajar el cuantioso alquiler al empresario; y su sucesor, el popular Manu Uriarte. En este caso se estudia la responsabilidad de ambos por aplicar el IPC que estipulaba el contrato firmado en su día.

La citación a Alonso, Maroto y el resto de exconcejales ha coincidido, por tanto, con la mudanza del Tribunal de Cuentas de su actual sede de la madrileña calle Fuencarral a Ortega y Gasset, en el entorno del Paseo de la Castellana. “Dado que la Sala de Justicia de esta nueva sede no estará aún disponible y acondicionada en la citada fecha de 20 de enero de 2016”, el Tribunal acuerda el aplazamiento en aplicación de los artículos 183 y siguientes de la Ley Procesal Civil. Así se lo comunicó este órgano ayer al Ayuntamiento de Vitoria, personado en la causa. De hecho, PNV, PSE y EH Bildu fueron quienes comunicaron lo sucedido al Tribunal al remitirle las conclusiones de la comisión de investigación celebrada entre finales de 2013 y principios de 2014 en el Consistorio.

En aquella comisión comparecieron Maroto, entonces alcalde, o los máximos responsables técnicos de la Hacienda municipal en los días en que se firmó el contrato, pero tanto Alfonso Alonso como Gonzalo Antón, que a fin de cuentas fueron quienes protagonizan esta historia, se negaron a dar su testimonio a la Corporación, amparándose en su derecho a hacerlo al no formar parte de la institución. En las sesiones celebradas en la Casa Consistorial se confirmó que los técnicos municipales fijaron un precio inferior al que después firmó Alonso, pero según los comparecientes del Partido Popular e incluso el entonces director de Hacienda, dicho cálculo no se ajustaba a la situación del mercado y por ello se modificó el precio a favor del arrendador. Sin embargo, también Vitoria pagaba el IBI del local y los gastos de comunidad, que habitualmente corren a cargo del que alquila en este tipo de contratos. La comisión reprobó a Maroto, alcalde por aquel entonces, bajo el reproche de “mentir” cuando dijo en 2007 que había una opción de compra sobre el local y que a los veinte años pasaría a ser de propiedad municipal, cuando aseguró en la comisión que se cerró la operación de forma urgente por la necesidad de trasladar la oficina de turismo de General Loma (que siguió en esa plaza dos años más), y cuando dijo que el contrato no se podía renegociar, pues él mismo pactó una nuevas condiciones escasos meses después.

A preguntas de los periodistas, ayer Maroto dijo desconocer las causas del aplazamiento, aunque aventuró que podía deberse a razones técnicas, como así era efectivamente. El actual gobierno municipal rehusó pronunciarse, mientras que el portavoz del PSE, Peio López de Munain, expresó su “lástima” por el retraso, pero destacó que “la espera será buena si al final se hace justicia con los vitorianos y vitorianas, que son realmente los grandes perjudicados”. En todo caso, y habida cuenta de que “Maroto y Alonso ya han tenido que pagar por ello y además haciendo uso de su propio patrimonio, las sospechas sobre cómo se gestó este contrato siguen más presentes que nunca”, dijo.

Para Jorge Hinojal, de Sumando-Hemen Gaude, “el Tribunal de Cuentas está altamente politizado”, y por ello su grupo quiere creer que la dilación no es “una maniobra más del PP” en pleno proceso de negociaciones para conformar un nuevo gobierno en España. “Nos apena que no se celebre porque Vitoria se merece la verdad en este asunto; si es por un traslado de edificio que sea cuanto antes”, deseó. El portavoz de Irabazi, Óscar Fernández, pidió “la máxima celeridad para tener una sentencia definitiva cuanto antes”, pues “el PP perjudicó a la ciudadanía y Alonso y Maroto tienen que pagar sus responsabilidades”. Irabazi también reclamó “más transparencia para que no vuelva a pasar”. Por último, la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, dijo no albergar “mucha esperanza con respecto a lo que decida el Tribunal de Cuentas”, pese a que “ha quedado demostrado que hubo un chanchullo”. Además, dijo confiar en que el retraso en la vista previa sea “algo puntual”.

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Nota informativa, Locales San Antonio: hemos requerido, a la nueva corporación municipal, el expediente del contrato de alquiler de San Antonio

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La demagogia, el populismo, el mirar hacia otro lado, las cortinas de humo, la mentira, la tergiversación, el ocultar información… han sido prácticas habituales del anterior equipo de gobierno municipal del PP, en el tratamiento de casos de corrupción, amiguismo, malversación de fondos públicos, …, como es, el aun no cerrado, caso San Antonio.

Javier Maroto, ex-alcalde de Vitoria-Gasteiz (foto: eitb.eus)

Jactándose de la gestión transparente, siempre han dicho que su actuación en este caso obedecía al “interés general”. Cuando recordemos, Gonzalo Anton compro el local sin acondicionar en estado de obra en Enero del 2006 por 2,70 millones de euros y en noviembre de ese mismo año negociaba su alquiler y reforma con el Ayuntamiento de Gasteiz. El contrato firmado por el entonces alcalde del PP Alfonso Alonso y Gonzalo Antón en Febrero del 2007, fue por un precio final de 7,60 millones de euros, siendo un contrato blindado, dividido en 6,1 millones de euros por el alquiler, y 1,5 millones de euros por las obras de acondicionamiento del local, que costeó el erario público, con actualizaciones de precio pactadas de subida del IPC hasta el 9%. Contrato cuyo único beneficiario es Gonzalo Anton, y que consideramos lesivo para los intereses de la ciudadanía gasteiztarra, más si cabe en estos tiempos, en los que la brecha entre ricos y pobres se acrecienta día a día.

En su momento, el nada sospecho Tribunal de Cuentas del Estado, advirtió de este hecho anómalo, al considerar que el pago por el alquiler de estas oficinas por “un precio muy superior al de compra” por un tercero.

Desde ADI! Elkartea, denunciamos estos hechos y la denegación por parte del Gobierno Municipal del PP, del acceso al expediente de la Comisión Investigadora del Ayuntamiento de Gasteiz sobre el caso mencionado. Tuvimos que acudir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra las resoluciones del Ayuntamiento de negarnos la información, cuando alardeaban de ser el consistorio más transparente, siendo este recurso admitido a trámite.

Gorka Urtaran actual alcalde de Vitoria-Gasteiz (foto: elcorreo.com)

Hoy queremos anunciar que hemos requerido, a la nueva corporación municipal, el expediente del contrato de alquiler de San Antonio. Esperamos poder tener acceso a toda la documentación solicitada sin cortapisas, ni trabas, como manifestación de un nuevo tiempo en la gestión del municipio basado en la transparencia, la apertura a la ciudadanía, participativo y diáfano, y en su investigación pueda servir para depurar responsabilidades, en este contrato lesivo para Gasteiz

Así mismo valoramos de forma positiva la postura de la nueva corporación de demandar la apertura de juicio contable, y la presentación de una demanda contra el equipo de Gobierno de Alfonso Alonso, en el caso al que nos referimos.

Instamos a la nueva corporación la práctica de una gestión transparente, abierta, diáfana y participativa. La personación del Ayuntamiento como parte interesada en el esclarecimiento de las irregularidades contables detectadas por el Tribunal de Cuentas, y su colaboración con este Tribunal, nos parece un buen comienzo del nuevo equipo municipal, en contraposición con la táctica del PP de obstaculizar al propio Tribunal el acceso a documentación, como fue el negar la documentación sobre le importe de los gastos de comunidad de los locales, que son a cuenta del erario público.

No obstante desde ADI! Elkartea seguiremos atentos con aquellos casos que todavía continúan sin esclarecerse, y que atañen a la gestión municipal como el caso del Depósito de Yurre, y la concesión del contrato de limpieza a FCC, entre otros.

Exigimos en todos ellos la apuesta firme sobre el esclarecimiento, y la apuesta por velar por el interese común de Gasteiz.

Exigiremos políticas transparentes, participativas y la utilización social de los recursos públicos.

Vitoria-Gasteiz 27 de Julio de 2015

@adielkartea

www.adielkartea.com

adielkartea@gmail.com

Adi! Ustelkeriaren aurkako elkartea

Apartado de Correos 38 , 01080 Vitoria-Gasteiz

El alquiler de SanAntonio: 3,3 millones pagados desde 2007 y restan 13 años de contrato

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IKER ARMENTIA 

La primera factura es del 16 de marzo de 2007. La última hasta ahora es del 10 de octubre de este año. Entre tanto, decenas y decenas de facturas a las que ha tenido acceso la CADENA SER en las que el Ayuntamiento ha pagado a Gonzalo Antón por el alquiler de los locales de San Antonio, las tres plazas de garaje y el trastero y las obras de adecuación de los locales.

Los impuestos como el IBI y la tasa de basuras también van a cargo de las arcas del Ayuntamiento de Vitoria.

Según estos datos, desde que Alfonso Alonso firmara el polémico acuerdo con Gonzalo Antón en febrero de 2007, el Ayuntamiento le ha pagado casi 3,3 millones de euros, en concreto, 3.283.121 euros (a los que habría que sumar otros 17.206 euros de la última factura de octubre que está pendiente de contabilizar).

Durante la investigación que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Vitoria, los grupos de la oposición desvelaron que la adquisición de esos locales le habían costado 2,7 millones de euros al expresidente del Deportivo Alavés.

La inversión total del empresario, en todo caso, asciende a 4,3 millones de euros, ya que a la compra de las oficinas hay que sumar otros 1,6 millones de euros por las obras de reforma que realizó el empresario y que también pagan las arcas públicas.

Esta operación está siendo investigada por el Tribunal de Cuentas del Estado por presuntas irregularidades. Recientemente, el Gobierno municipal ha entregado al Tribunal la documentación que le exigió para continuar con sus indagaciones.

Tras el escándalo suscitado en el Ayuntamiento, el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, renegoció el precio del alquiler rebajando la renta “un 30%”.

La comisión de investigación del Ayuntamiento concluyó que el contrato y la modificación “van en contra del interés público por cuanto, en el mejor de los casos, en la actualidad siguen obligando al Ayuntamiento a un desembolso no inferior al doble del valor de compra del local”.