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El Tribunal de Cuentas aplaza sin fecha la vista previa del #alquilerSanAntonio @NoticiasdeAlava

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La vista previa del día 20 de enero no se celebrará por el traslado de la sede de esta institución. El organismo citará “a la mayor brevedad” a Maroto y Alonso

Txus Díez Josu Chavarri – Viernes, 15 de Enero de 2016

La vista previa fijada el 20 de enero en el Tribunal de Cuentas para decidir si se celebra o no un juicio contable contra los exalcaldes de Gasteiz Alfonso Alonso y Javier Maroto ha sido aplazada y no hay de momento una nueva fecha para su celebración, aunque se tratará de volver a convocar a las partes “a la mayor brevedad”. Este órgano investiga a los dos políticos por pagar al empresario Gonzalo Antón un alquiler superior al estipulado por los técnicos por el alquiler de las oficinas de la calle San Antonio.

Según confirmó ayer este diario con el órgano fiscalizador de las cuentas públicas en el Estado, la sede del Tribunal se va a trasladar de su emplazamiento actual, lo que ha motivado la suspensión de esta vista, en la que además estaban citados los demás miembros del equipo de gobierno de 2007 -Idoia Garmendia, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos-, cuando Alonso era alcalde y Maroto su concejal de Hacienda. Todos ellos han debido abonar 55.000 euros cada uno que recibirá el Ayuntamiento si hay juicio y se determina que hubo responsabilidad.

También han debido abonar fianzas, aunque menos cuantiosas, la edil socialista Marian Gutiérrez, responsable de Hacienda en la siguiente legislatura y que intentó sin éxito rebajar el cuantioso alquiler al empresario; y su sucesor, el popular Manu Uriarte. En este caso se estudia la responsabilidad de ambos por aplicar el IPC que estipulaba el contrato firmado en su día.

La citación a Alonso, Maroto y el resto de exconcejales ha coincidido, por tanto, con la mudanza del Tribunal de Cuentas de su actual sede de la madrileña calle Fuencarral a Ortega y Gasset, en el entorno del Paseo de la Castellana. “Dado que la Sala de Justicia de esta nueva sede no estará aún disponible y acondicionada en la citada fecha de 20 de enero de 2016”, el Tribunal acuerda el aplazamiento en aplicación de los artículos 183 y siguientes de la Ley Procesal Civil. Así se lo comunicó este órgano ayer al Ayuntamiento de Vitoria, personado en la causa. De hecho, PNV, PSE y EH Bildu fueron quienes comunicaron lo sucedido al Tribunal al remitirle las conclusiones de la comisión de investigación celebrada entre finales de 2013 y principios de 2014 en el Consistorio.

En aquella comisión comparecieron Maroto, entonces alcalde, o los máximos responsables técnicos de la Hacienda municipal en los días en que se firmó el contrato, pero tanto Alfonso Alonso como Gonzalo Antón, que a fin de cuentas fueron quienes protagonizan esta historia, se negaron a dar su testimonio a la Corporación, amparándose en su derecho a hacerlo al no formar parte de la institución. En las sesiones celebradas en la Casa Consistorial se confirmó que los técnicos municipales fijaron un precio inferior al que después firmó Alonso, pero según los comparecientes del Partido Popular e incluso el entonces director de Hacienda, dicho cálculo no se ajustaba a la situación del mercado y por ello se modificó el precio a favor del arrendador. Sin embargo, también Vitoria pagaba el IBI del local y los gastos de comunidad, que habitualmente corren a cargo del que alquila en este tipo de contratos. La comisión reprobó a Maroto, alcalde por aquel entonces, bajo el reproche de “mentir” cuando dijo en 2007 que había una opción de compra sobre el local y que a los veinte años pasaría a ser de propiedad municipal, cuando aseguró en la comisión que se cerró la operación de forma urgente por la necesidad de trasladar la oficina de turismo de General Loma (que siguió en esa plaza dos años más), y cuando dijo que el contrato no se podía renegociar, pues él mismo pactó una nuevas condiciones escasos meses después.

A preguntas de los periodistas, ayer Maroto dijo desconocer las causas del aplazamiento, aunque aventuró que podía deberse a razones técnicas, como así era efectivamente. El actual gobierno municipal rehusó pronunciarse, mientras que el portavoz del PSE, Peio López de Munain, expresó su “lástima” por el retraso, pero destacó que “la espera será buena si al final se hace justicia con los vitorianos y vitorianas, que son realmente los grandes perjudicados”. En todo caso, y habida cuenta de que “Maroto y Alonso ya han tenido que pagar por ello y además haciendo uso de su propio patrimonio, las sospechas sobre cómo se gestó este contrato siguen más presentes que nunca”, dijo.

Para Jorge Hinojal, de Sumando-Hemen Gaude, “el Tribunal de Cuentas está altamente politizado”, y por ello su grupo quiere creer que la dilación no es “una maniobra más del PP” en pleno proceso de negociaciones para conformar un nuevo gobierno en España. “Nos apena que no se celebre porque Vitoria se merece la verdad en este asunto; si es por un traslado de edificio que sea cuanto antes”, deseó. El portavoz de Irabazi, Óscar Fernández, pidió “la máxima celeridad para tener una sentencia definitiva cuanto antes”, pues “el PP perjudicó a la ciudadanía y Alonso y Maroto tienen que pagar sus responsabilidades”. Irabazi también reclamó “más transparencia para que no vuelva a pasar”. Por último, la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, dijo no albergar “mucha esperanza con respecto a lo que decida el Tribunal de Cuentas”, pese a que “ha quedado demostrado que hubo un chanchullo”. Además, dijo confiar en que el retraso en la vista previa sea “algo puntual”.

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El Tribunal de Cuentas del Estado no ve posible recuperar las ayudas a #Epsilon e #Hiriko

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El Tribunal de Cuentas del Estado español ha detectado «deficiencias» y «carencias» en varias ayudas concedidas por distintas administraciones, entre ellas los gobiernos de Madrid y Lakua, a los fallidos proyectos automovilísticos Epsilon e Hiriko, y apunta que no se podrán recuperar tras la quiebra de ambas sociedades.

 @naiz_info |Madrid |14/01/2016

El informe fiscalizador, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 22 de diciembre, analiza el conjunto de ayudas, avales, préstamos y convenios, así como cualquier fórmula de apoyo económico otorgadas por los gobiernos de Madrid y Lakua, así como por las diputaciones, tanto a Epsilon como a Hiriko, que recibieron alrededor de 64 millones de euros en ayudas públicas.

La auditoría llegó al Parlamento autonómico el pasado lunes y fue una de las peticiones del dictamen de la comisión de investigación que analizó las ayudas y atribuyó responsabilidades políticas a cargos del PNV por declarar como estratégicos unos proyectos sin tener «sólidos» fundamentos industriales y sabiendo que existía un riesgo alto de que no lograran sus objetivos.

Ahora, el órgano fiscalizador observa «diversas deficiencias» a la hora de exigir la adecuada justificación de los fondos, así como «incongruencias» en varias líneas de ayudas concedidas.

Especialmente menciona un convenio firmado en junio de 2010 por el Ministerio español de Ciencia e Innovación, cuando gobernaba el PSOE, por el que se concedía a Epsilon una subvención de 1,5 millones sin indicar en qué líneas de investigación se enmarcaba el proyecto ni establecer garantías «pese a la actividad discontinua» de la sociedad, que quebró y entró en concurso de acreedores.

También analiza otro convenio entre ambas partes firmado el 20 de junio de 2011 por 2 millones. En este caso el Tribunal de Cuentas afirma que las «carencias y deficiencias» observadas son iguales al anterior y destaca que se firmó «a pocos días de la declaración judicial de concurso de Epsilon», que «ya había comunicado al juzgado la imposibilidad de atender con normalidad sus obligaciones».

Respecto a los apoyos procedentes de la CAV, el Tribunal de Cuentas afirma que no hay informes que justificaran la «necesidad u oportunidad» del contrato de arrendamiento de unos pabellones con opción de compra firmado entre la sociedad pública vasca Sprilur y Epsilon.

Añade que no se han acreditado los motivos por los que el Parque Tecnológico de Araba realizó en 2009 una cesión de rango hipotecario a favor de Epsilon, algo que «no puede considerarse acorde al objeto social» del citado parque.

Denuncia «deficiencias» en convenios firmados entre el Ministerio de Ciencia y la sociedad Afypaida, empresa matriz de Hiriko, y habla de «falta de prestación de garantías en el pago anticipado».

Asimismo indica que hay ayudas del Gobierno de Lakua otorgadas a Hiriko que superan «el porcentaje de subvención máxima prevista» y en cuya documentación no se deduce que el proyecto cumpliera con las condiciones necesarias para obtenerlas.

El Tribunal también hace recomendaciones en su informe y emplaza a los órganos gestores de las ayudas a realizar un «análisis más profundo» de la situación económico-patrimonial de los beneficiarios para poder exigir garantías de los fondos públicos entregados.

Además considera que deberían establecerse «fórmulas de coordinación» entre las distintas administraciones públicas cuando están subvencionado el mismo proyecto para «garantizar la racionalidad y eficiencia en el uso de los fondos» y que se reclamen mayores garantías en el caso de que se observen «dificultades» en el desarrollo de los proyectos presentados.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas también analizó las ayudas a Epsilon concedidas por las instituciones vascas y concluyó que fueron concedidas con arreglo a la normativa vigente, aunque en algunos casos hubo contratos suscritos al margen de los principios de publicidad y concurrencia y consideró «insuficiente» el control a posterior de algunas ayudas.

Este informe abrió una crisis en el seno de este órgano fiscalizador, ya que el entonces presidente, José Ignacio Martínez Churiaque, denunció que su borrador había sido modificado y que se habían «eliminado» prácticamente todas sus conclusiones.

Tapia defiende que hubo «información suficiente»

La consejera autonómico de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha asegurado que el Ejecutivo tuvo «información suficiente» sobre Epsilon e Hiriko.

«Vamos a analizar muy bien lo que dice el informe y haremos la alegaciones correspondientes, como se hace en cualquier caso», ha comentado en Radio Euskadi, y ha insistido en que las ayudas se gestionaron «exactamente igual» que en cualquier otro proyecto.

EH Bildu reclama «medidas efectivas»

Por su parte, EH Bildu ha reclamado« medidas efectivas para que no se vuelvan a repetir irregularidades». El portavoz la coalición en las Juntas Generales de Araba, Kike Fernández de Pinedo, ha informado de que ha presentado una pregunta dirigida al diputado general, Ramiro González (PNV), para conocer si tiene previsto reclamar las cuantías que la Diputación alavesa concedió a estos proyectos.

«No podemos olvidar que estas ayudas se otorgaron durante la última legislatura del PNV en la Diputación Foral de Álava y que la institución foral fue avalista de la fallida operación de Epsilon e Hiriko en el Parque Tecnológico de Álava, que se saldó con una deuda de 16 millones», ha recordado.

[Audio]: Charla de Inés Olaizola sobre #Financiaciónilegal de los Partidos Políticos un Foco de #Corrupción

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Si no pudiste acudir a la charla de Inés Olaizola sobre La Financiación Ilegal de los Partidos Políticos ahora puedes seguirla aquí. Muchísimas gracias a Inés Olaizola por su exposición y a tod@s l@s presentes por enriquecer y hacer de la charla un coloquio muy participativo